El violento grupo separatista vasco ETA anunció un alto el fuego unilateral a principios de septiembre, tras un año de relativa inactividad y considerables arrestos gracias a la continua colaboración entre Francia y España. Un gendarme francés fue asesinado en marzo cerca de París en un tiroteo con presuntos miembros de ETA. En enero, el Tribunal Supremo de España decretó que las negociaciones de 2006 entre funcionarios vascos electos y Batasuna, el partido independentista vasco declarado ilegal en 2003 por sus presuntos vínculos con ETA, no constituían un delito. Tres miembros de ETA fueron condenados por el atentado con bomba de diciembre de 2006 en un aeropuerto de Madrid. Cada uno de ellos cumplirá la pena máxima de 40 años de cárcel, a pesar de recibir una condena simbólica de 1,000 años.

En mayo, España rechazó las recomendaciones de otros gobiernos durante examen periódico universal en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Entre las recomendaciones rechazadas estaban la mejora de las salvaguardias para los detenidos por terrorismo en condiciones de incomunicación y la implementación de las recomendaciones sobre la reforma judicial acerca de los casos de los terrorismo planteadas en 2008 por el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.  El Gobierno español rechazó asimismo las recomendaciones de creación de un mecanismo independiente de quejas acerca de la policía.

En junio, el Parlamento aprobó una reforma del Código Penal de España efectiva a partir de diciembre de 2010, por la que se aumentaron las condenas para más de una treintena de delitos, se creó un nuevo sistema de "libertad vigilada" post-condena para los delitos terroristas y sexuales, y se estableció un nuevo crimen por divulgar información para "provocar, fomentar o promover" la comisión de un delito de terrorismo.

El juez Baltasar Garzón, conocido internacionalmente por sus esfuerzos para llevar ante la justicia al antiguo dictador chileno Augusto Pinochet, fue suspendido en mayo y se enfrentaba a un juicio por investigar casos relacionados con las presuntas detenciones ilegales y desapariciones forzadas de más de 100,000 personas durante la guerra civil española y el subsiguiente régimen de Franco, a pesar de la ley de amnistía de 1977. En mayo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresó su preocupación por la suspensión de Garzón y criticó la ley de amnistía española.

Alrededor de 200 menores extranjeros no acompañados, procedentes principalmente del África Subsahariana y Marruecos, siguen en centros de "emergencia" establecidos en las Islas Canarias en 2006, a pesar de las reiteradas peticiones de su cierre por parte del Gobierno regional. Alrededor de la mitad de ellos viven en La Esperanza, un antiguo centro de detención extenso, aislado y en condiciones deficientes. En septiembre, el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño expresó su preocupación por las condiciones inadecuadas de acogida y el abandono de los niños en las Islas Canarias. Recomendó a España que estableciera centros adaptados para niños e introdujera mecanismos eficaces de queja para que los niños bajo su tutela pudieran denunciar los casos de maltrato.

En julio, entró en vigor una nueva ley que anuló las restricciones del aborto y legalizó su práctica por petición de la mujer hasta la décimo cuarta semana del embarazo. También aumentó el acceso a los derechos reproductivos y los servicios de planificación familiar, así como la información acerca de ellos. Antes de la reforma, el aborto sólo era legal si existía un grave riesgo para la salud de la mujer, malformaciones del feto o en los casos de violaciones.