La violencia racista y xenófoba y el discurso político hostil siguieron siendo un problema acuciante. En enero, 11 africanos trabajadores migrantes de temporada fueron gravemente heridos por disparos desde automóviles y ataques de bandas durante un período de tres días en Rosarno, Calabria. Al menos otros 10 migrantes, 10 agentes de la ley y 14 residentes locales requirieron tratamiento médico. Más de un millar de migrantes salieron de la ciudad tras los episodios de violencia, y la mayoría de ellos fueron evacuados por agentes de las fuerzas de seguridad. Numerosos países expresaron su preocupación por el racismo y la xenofobia en Italia durante su examen periódico universal de febrero en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Los romaníes y los sinti continuaron sufriendo grandes niveles de discriminación, pobreza y condiciones de vida deplorables en campamentos tanto autorizados como ilegales. Los romaníes del este de Europa, procedentes principalmente de Rumanía y que viven en asentamientos informales, fueron objeto de desalojos forzados e incentivos financieros para que regresaran a sus países de origen. En octubre, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa hizo públicas sus conclusiones de junio en las que condenaba a Italia por discriminación contra los romaníes en el ámbito de la vivienda y el acceso asistencia jurídica, económica y social.

Italia siguió deportando a sospechosos de terrorismo a Túnez, lo que incluyó la deportación de Mohamed Mannai en mayo, a pesar del riesgo de maltrato, las intervenciones persistentes del TEDH y la condena del Consejo de Europa. Un resolución adoptada en junio por su Comité de Ministros reiteró la obligación de Italia de cumplir las decisiones del Tribunal Europeo.

En un informe publicado en abril, el Comité Europeo sobre la Prevención de la Tortura señaló que Italia había violado la prohibición de la devolución de personas cuando interceptó un barco con migrantes que intentaban llegar a sus costas y los devolvió a Libia sin comprobar si algunos de ellos necesitaban protección internacional. Dos funcionarios italianos enfrentaban juicios en un tribunal de Sicilia por su participación en la expulsión de 75 personas a Libia en una embarcación de la Policía Financiera Italiana en agosto de 2009.

Italia no concedió asilo a aproximadamente una docena de eritreos a los que había forzado a regresar a Libia en 2009, donde, junto con centenares de compatriotas, sufrieron maltrato, condiciones de detención abusivas y la amenaza de ser deportados a Eritrea.

En mayo, un tribunal de apelaciones de Génova condenó a 25 de 29 agentes de policía acusados de usar la violencia contra los manifestantes de la Cumbre del G8 de 2001, revocando las absoluciones dictadas por un tribunal inferior. El Ministerio del Interior dijo que no suspendería a los agentes. Los recursos contra la sentencia de mayo estaban pendientes de resolución cuando se escribió este informe.