Las elecciones generales de mayo se saldaron con una coalición entre el Partido Conservador y el Partido Liberal Demócrata, la primera coalición de Gobierno en el país desde 1945.

En julio, el nuevo gobierno anunció una investigación judicial de las acusaciones de complicidad de las agencias de inteligencia británicas en casos de tortura, y publicó por primera vez directrices para los agentes de inteligencia sobre el interrogatorio de detenidos en el extranjero. No se prevé que la investigación, cuyos términos de referencia detallados no se habían hecho públicos cuando se escribió este informe, comience hasta que se hayan resuelto todas las investigaciones criminales en curso acerca de la presunta complicidad de agentes británicos en actos de tortura en el extranjero. En noviembre, el fiscal jefe del Reino Unido anunció que no existían suficientes pruebas para enjuiciar a un agente del Servicio de Seguridad (MI5) por abusos contra Binyam Mohamed. Ese mismo mes, el Gobierno anunció que indemnizaría a antiguos detenidos de la Bahía de Guantánamo para cerrar un acuerdo en las demandas civiles y evitar la revelación de documentos clasificados, sin que las autoridades del Reino Unido admitieran su culpabilidad.

Siguió existiendo preocupación por el hecho de que las directrices actuales sobre los interrogatorios en el extranjero dan demasiada discreción a los agentes de inteligencia, generan aparentemente discrecionalidad ministerial para permitir el uso de técnicas abusivas y consideran que las garantías diplomáticas son una manera de mitigar el riesgo de tortura o maltrato, a pesar de que no son confiables por naturaleza.

En septiembre, la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos advirtió al Gobierno que emprendería la vía judicial si no se modificaban las directrices. Los abogados representantes de civiles detenidos y presuntamente torturados por las fuerzas británicas en Irak también amenazaron con interponer demandas porque las directrices no prohíben inequívocamente que se cubra la cabeza de los detenidos, una cuestión esencial la investigación pública de la muerte en 2003 del recepcionista de hotel iraquí Baha Mousa, cuando estaba bajo la custodia del ejército británico en Basra. Las audiencias sobre este caso terminaron en octubre y todavía no se había emitido un informe final cuando se escribió este informe.

En julio y septiembre se publicaron documentos con numerosas tachaduras tras una orden del Alto Tribunal de Justicia en una demanda civil interpuesta contra el Gobierno del Reino Unido por seis antiguos presos de Guantánamo. Los documentos demostraban que ya en enero de 2002 el Gobierno tenía conocimiento de las alegaciones de que ciudadanos y residentes británicos estaban siendo torturados bajo la custodia de Estados Unidos, pero no puso objeciones al traslado de ciudadanos del Reino Unido a la Bahía de Guantánamo. Los documentos incluían también directrices de 2002 a los agentes de inteligencia británicos señalándoles que en caso de observar el "maltrato" de presos bajo la custodia de otro país "la ley no les obligaba a intervenir para prevenirlo".

En julio, el Ministerio del Interior puso en marcha una revisión de algunas medidas antiterroristas muy criticadas, como las órdenes de control, la extensión de la detención preventiva, las detenciones y los registros sin sospecha, y la deportación con garantías. En el momento de escribir este informe, el Gobierno aún no había presentado sus propuestas de reforma al Parlamento. El Gobierno suspendió la autoridad de detener y registrar en julio, después de que el TEDH confirmara que esta autoridad violaba el derecho a la privacidad, era demasiado amplia y carecía de salvaguardias. A pesar del proceso de revisión del Ministerio del Interior, el acuerdo del Gobierno de coalición refrendó el uso de garantías diplomáticas para deportar a sospechosos de terrorismo.

En mayo, la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración (CEAI) bloqueó la deportación a Pakistán basada en las garantías diplomáticas de dos sospechosos de terrorismo pakistaníes. En julio, el Gobierno de Estados Unidos empezó el proceso de extradición de uno de los sospechosos. El caso estaba en marcha cuando se escribió este informe. En septiembre, la CEAI dictaminó que un sospechoso de terrorismo etíope podía ser deportado a salvo a Etiopía a pesar del riesgo de tortura, el primer caso relacionado con un acuerdo de 2008 entre los dos países. La apelación de esta decisión estaba pendiente de resolución cuando se escribió este informe.

En junio, el Alto Tribunal de Justicia del Reino Unido confirmó una moratoria del traslado de sospechosos de terrorismo al centro de la Dirección Nacional de Seguridad en Kabul, tras las denuncias de tortura. En marzo, el TEDH dictaminó que el Reino Unido había violado los derechos de dos iraquíes al transferirlos de la custodia del Ejército británico en Basra a las autoridades iraquíes en diciembre de 2008.  El Tribunal rechazó la apelación del Gobierno del Reino Unido en octubre.

En julio, el Primer Ministro se disculpó públicamente por el asesinato "injustificado e injustificable" de 1972 de 14 manifestantes desarmados en el Norte de Irlanda a manos de soldados británicos, después de la publicación ese mismo mes del largamente esperado informe de investigación del Domingo Sangriento. La investigación de 12 años concluyó que los soldados no se enfrentaban a ninguna amenaza y no dieron ninguna advertencia antes de abrir fuego.

La muerte en octubre de un angoleño cuando estaba siendo deportado por guardias de seguridad privada contratados por el Ministerio del Interior suscitó una investigación del Comité de Asuntos Interiores del Parlamento acerca de las técnicas de restricción empleadas durante dichas expulsiones. Cuando se escribió este informe estaba en marcha una investigación criminal sobre los hechos.

Se siguió deteniendo a niños en centros de inmigración a pesar de que el Gobierno había prometido detener esta práctica en mayo. Las mujeres, entre ellas sobrevivientes de la violencia sexual en Pakistán, Sierra Leona y Uganda, siguieron siendo sometidas al procedimiento de asilo "acelerado" bajo detención, inadecuado para casos con este tipo de complejidad.

En julio, la Corte Suprema dictaminó que no se podía negar la protección a dos gais solicitantes de asilo de Irán y Camerún basándose en que podrían ocultar su sexualidad en sus países de origen. El Ministerio del Interior anunció nuevas reglas para impedir las expulsiones a países en los que los afectados corran el riesgo de persecución por motivos de orientación sexual o identidad de género.