World Report 2012

Michel Joseph Martelly asumió la presidencia el 14 de mayo de 2011, después de un reñido proceso electoral, y en un contexto en el cual Haití aún no se había recuperado de los devastadores efectos del terremoto del 12 de enero de 2010 y de la mortal epidemia de cólera que tuvo lugar posteriormente. El gobierno estuvo paralizado durante más de cuatro meses, ya que en dos oportunidades consecutivas, el parlamento no consiguió ratificar a los funcionarios que aspiraban al cargo de primer ministro. Finalmente, Garry Conille, el tercer nombre propuesto por Martelly, fue confirmado el 4 de octubre de 2011.

Debilitadas por las crisis electorales y políticas, las iniciativas que buscaban reconstruir las estructuras del gobierno y privadas no lograron grandes avances. No obstante esto, la cantidad de personas que viven en asentamientos informales creados después del terremoto se redujo de cerca de 1,3 millones a fines de 2010 a aproximadamente 550.000 en septiembre de 2011.

La crisis humanitaria constante que generaron el terremoto y la epidemia de cólera no permitieron que Haití adoptara medidas para resolver muchos de sus problemas crónicos de derechos humanos, que se han visto exacerbados por el sismo. Algunos de estos problemas son la violencia contra mujeres y niñas, las condiciones carcelarias inhumanas y la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Más aún, la creciente presión para lograr el cierre de campamentos instalados en terrenos públicos y privados ha tenido como resultado una cantidad cada vez mayor de desalojos.

El sistema judicial

Durante años, Haití ha sufrido altos índices de crímenes violentos; sin embargo, el Secretario General de las Naciones Unidas señaló que, desde el terremoto, se ha observado una tendencia ascendente en todas las principales categorías de delitos, incluidos asesinatos, violaciones y secuestros. Las manifestaciones violentas y los disturbios civiles vinculados con un proceso electoral extenso y reñido contribuyeron a este aumento.

La limitada capacidad de la Policía Nacional de Haití (PNH) también agravó la situación de inseguridad general que prevalece en Haití. La reforma y el fortalecimiento de la policía sigue siendo una prioridad para el gobierno y para la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). La incorporación de miembros a la PNH ha permitido lograr avances, pero subsisten obstáculos, como la presencia de personal comprometido en las filas de esta fuerza, que ponen en riesgo la estabilidad de Haití.

Los abusos policiales y la muerte de personas detenidas en algunas comisarías podrían opacar las mejoras conseguidas en el profesionalismo de la PNH. En 2011, la MINUSTAH y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) investigaron varios presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y maltrato de detenidos, e instaron a la policía y al poder judicial a responder en forma sistemática a los casos de abuso. A mediados de octubre, se inició un juicio por las muertes ocurridas en la cárcel de Les Cayes el 19 de enero de 2010, presuntamente cometidas por policías. Al momento de la redacción de este documento, se desconocía el resultado del juicio.

El sistema judicial de Haití, que desde hace años se caracteriza por su politización, corrupción, escasez de recursos y falta de transparencia, avanzó lentamente hacia su recuperación durante 2011. Se construyeron algunos edificios de tribunales y algunos jueces recibieron capacitación en el país, mientras que otros se capacitaron en Francia. En octubre, el Presidente Martelly nombró un presidente y un magistrado, aprobados por el Senado, para que integraran la Corte Suprema de Haití, pero el primer mandatario y el Senado no lograron llegar a un acuerdo político que permitiera cubrir las cuatro vacantes restantes.

Condiciones de detención

El sistema carcelario de Haití, donde el hacinamiento es crónico, se deterioró tras el terremoto. Esto hizo que la cantidad de celdas disponibles se redujera aún más y que se agravaran las nefastas condiciones existentes. Este año se llevaron a cabo proyectos de reconstrucción que aumentaron la cantidad de celdas disponibles en un 28 por ciento. El porcentaje de personas que cumplen prisión preventiva o han sido detenidas ilegalmente aún es muy alto, pero los actores internacionales trabajaron con funcionarios penitenciarios y del poder judicial para analizar los casos de internos que podrían haber sido detenidos ilegalmente, y varios cientos de personas recuperaron su libertad.

Con la propagación del cólera, el impacto negativo para la salud que traen aparejadas las condiciones carcelarias deficientes se convirtió en un verdadero riesgo para la vida de los internos. En el primer mes de la epidemia, la PNH anunció que, en todo el país, 19 detenidos habían muerto a causa de la enfermedad. En enero, una persona que recientemente había sido deportada de Estados Unidos murió de síntomas similares a los del cólera luego de permanecer menos de dos semanas detenida. Por tal motivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un pedido de medidas cautelares para que se suspendieran las deportaciones desde Estados Unidos.

Derechos de mujeres y niñas

Si bien los índices de violencia sexual ya eran altos antes del terremoto, las precarias condiciones de seguridad y económicas que se generaron después del terremoto han dejado a algunas mujeres y niñas en una situación de vulnerabilidad aún mayor frente a este tipo de abusos. Muchas mujeres perdieron sus hogares y medios de subsistencia durante el terremoto, y actualmente viven en asentamientos informales o con familias que las han recibido. La ONU y la PNH han aumentado su presencia para brindar seguridad en algunos campamentos. El Fondo de Población de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias han trabajado para mejorar la iluminación de varios de ellos. Aun así, Human Rights Watch observó que algunas víctimas de violación tienen dificultades para acceder a servicios médicos con tiempo suficiente como para evitar embarazos no deseados.

En Haití, después del terremoto, algunas mujeres y niñas carecen de acceso a recursos de planificación familiar y cuidados prenatales y obstétricos. Las tasas de embarazo en los campamentos para desplazados son tres veces mayores que las de las zonas urbanas antes del terremoto. Human Rights Watch determinó que muchas mujeres y niñas que viven en estos campamentos no saben adónde recurrir para recibir asistencia para el control de la natalidad o cuidados prenatales, pese a que estos servicios se encuentran disponibles. Muchas han dado a luz en carpas, y algunas incluso en la calle, camino al hospital, debido a los problemas de transporte.

Human Rights Watch también observó que la falta de acceso de las mujeres a la seguridad económica hace que algunas intercambien sexo por alimentos u otros artículos de primera necesidad sin utilizar métodos anticonceptivos. Esto agrava los efectos de la falta de acceso a servicios de salud reproductiva y aumenta las posibilidades de que se produzcan embarazos no deseados y de contraer enfermedades. En particular, las mujeres embarazadas y las madres lactantes enfrentan mayores dificultades, al igual que las mujeres con discapacidad y las ancianas, debido a sus problemas de movilidad y a la mayor necesidad de servicios de salud, alimentos y agua.

Las mujeres también tienen dificultades para participar en la adopción de decisiones sobre recuperación y reconstrucción.

Derechos de los niños

Con anterioridad al terremoto, tan sólo cerca de la mitad de los niños en edad escolar primaria asistían a la escuela en Haití. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estima que el sismo dañó o destruyó casi 4.000 escuelas y que 2,5 millones de niños vieron interrumpida su educación por períodos prolongados. Las escuelas reanudaron sus actividades varios meses después; sin embargo, muchas observaron una drástica caída en la matrícula. El Presidente Martelly presentó un plan de educación universal gratuita a poco tiempo de haber asumido, y el 3 de octubre de 2011 comenzaron las clases, con la primera fase de su plan ya instaurada.

En Haití continúa el empleo de niños en el servicio doméstico, conocidos como restavèks. Los restavèks son menores, en su mayoría niñas (el 80 por ciento), de hogares de bajos ingresos que son enviados a convivir con otras familias con la esperanza de que sean cuidados, a cambio de cumplir tareas domésticas menores. En general, estos niños no reciben un estipendio ni tienen acceso a educación, y suelen ser objeto de abuso físico y sexual. La ONU y diversas organizaciones de la sociedad civil han advertido que los menores sin compañía que continúan viviendo en campamentos están expuestos a esta modalidad de trabajo forzado o a ser víctimas de trata.

Justicia por abusos del pasado

El ex presidente vitalicio Jean-Claude Duvalier regresó a Haití el 16 de enero de 2011, luego de casi 25 años en el exilio. Poco después, fue acusado de delitos financieros y violaciones de derechos humanos presuntamente cometidos durante sus 15 años de gobierno.

Entre 1971 y 1986, Duvalier comandó una red de fuerzas de seguridad que cometió graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y ejecuciones sumarias. Miles de haitianos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o murieron a causa de torturas o condiciones de detención inhumanas. Muchos más fueron obligados a escapar del país, y se generó así lo que se conoce como la diáspora haitiana moderna.

Son muchos los obstáculos que se interponen al juzgamiento de Duvalier, como por ejemplo, la fragilidad del sistema de justicia de Haití y la ausencia de un entorno seguro para la continuidad de las investigaciones y el juicio. La falta de voluntad política de la comunidad internacional para brindar apoyo al juzgamiento deja al gobierno sin los recursos adecuados ni la asistencia técnica que requiere un proceso judicial genuino. Las víctimas y sus familias se sienten intimidadas por los abogados y partidarios de Duvalier, quienes han irrumpido las audiencias de las víctimas ante el juez de instrucción, han increpado a víctimas en mercados públicos y han utilizado otros medios para crear un entorno que disuade a testigos y víctimas de seguir adelante. En septiembre, los abogados de Duvalier interrumpieron una conferencia de prensa de Amnistía Internacional organizada en apoyo a su juzgamiento.

Actores internacionales clave

La MINUSTAH, que ha estado presente en Haití desde 2004, ha sido clave para el aumento de la estabilidad. Se presume que un grupo de colaboradores de la misión de mantenimiento de la paz que había sido destinado al centro de Haití sería la fuente de la epidemia de cólera. Esto hizo que a lo largo del año se realizaran manifestaciones en contra de la fuerza. Una investigación independiente de la ONU determinó que la epidemia de cólera fue causada por una combinación de circunstancias, si bien numerosos análisis científicos señalan que existen pruebas de que es sumamente probable que los soldados de la MINUSTAH hayan introducido la cepa.

En septiembre, los medios de comunicación dieron a conocer un video en el cual soldados uruguayos acosaban sexualmente, de manera explícita, a un joven haitiano de 18 años. El joven sostiene que fue violado, y los miembros del grupo uruguayo fueron enviados a su país, donde se enfrentarían a una investigación penal. El incidente generó sentimientos negativos respecto de la MINUSTAH poco antes de la renovación de su mandato en octubre. Pese a ello, el Consejo de Seguridad prorrogó el mandato de la misión hasta el 15 de octubre de 2012, pero redujo la cantidad de soldados a los niveles previos al terremoto.

La Comisión Interina para la Recuperación de Haití (Interim Haiti Recovery Commission, IHRC), creada a través de la ley de estado de emergencia sancionada en abril de 2010, siguió operando durante la mayor parte de 2011. El parlamento no aprobó la prórroga del mandato de la IHRC antes de que este finalizara, por cuanto su futuro es incierto al momento de la redacción de este documento. La función de la comisión consiste en supervisar fondos para la reconstrucción de miles de millones de dólares y llevar a cabo la planificación estratégica y la coordinación entre donantes multilaterales y bilaterales, ONG y el sector privado. El ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton continúa desempeñándose como copresidente de la IHRC y enviado especial de la ONU para Haití.